Llevamos casi tres años en los que la aprobación ciudadana hacia las principales autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo ha alcanzado cifras récord de desaprobación. Según la última encuesta desarrollada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la desaprobación ha aumentado aún más que durante todo el periodo de Gobierno de la señora Dina Boluarte. Los resultados muestran una aprobación nacional de apenas 3,6% para la presidencia. El Congreso, por su parte, registra un magro 3%.
Sin embargo, llama la atención la contundencia con la que una de las poblaciones entrevistadas ha expresado su descontento. Se trata de los jóvenes de entre 25 y 39 años, quienes registran los picos más altos de desaprobación tanto hacia la gestión presidencial como hacia la parlamentaria.
Es una generación que ya ha culminado la etapa universitaria o que, en todo caso, participa activamente en el mercado laboral. Esta claridad crítica contrasta con las otras dos categorías etarias utilizadas por el estudio del IEP: de 18 a 24 años y de 40 años a más.
Son justamente los peruanos más jóvenes quienes, además, reconocen con mayor firmeza el rol que cumple la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el desgobierno imperante a lo largo y ancho del país. El 41% de los adultos jóvenes considera que es el fujimorismo el que influye más en el actual Gobierno, seguido por Vladimir Cerrón.
La pregunta inmediata que surge es, si existe tal claridad en el escenario político, ¿qué limita su participación ciudadana, por ejemplo, en las protestas contra quienes consideran responsables del caos actual?
Desde la ciencia política y la sociología, y en diversas columnas de opinión publicadas en La República, ya se han esbozado respuestas. En primer lugar, el miedo al uso desproporcionado de la fuerza —que ya ha cobrado víctimas mortales durante esta gestión— podría ser uno de los principales factores inhibidores.
No obstante, también es importante señalar que las últimas movilizaciones, autoconvocadas por sectores diversos de la sociedad —como los transportistas afectados por el sicariato y la extorsión, o en los procesos de diálogo en Tejiendo Ciudadanía—, muestran que la participación ciudadana está creciendo.
Esta fotografía es solo eso: una instantánea del momento. Pero además trae algo fundamental: junto con el hastío, surgen también islas de esperanza que deben ser visibilizadas y organizadas.
Los comicios generales del 2026 no están tan lejos, y van a requerir de la responsabilidad histórica de los ciudadanos que vivirán en el país durante los próximos 30 o 40 años. Más que nunca, se necesita asumir ese compromiso ciudadano con creatividad y determinación.