El fracaso del REINFO y el abandono del Estado peruano
Las cifras de deserción de los procesos de formalización son alarmantes y coinciden con el aumento de violencia armada en territorios sin presencia estatal.
Al analizar las razones del incremento de la violencia extrema que sufren las comunidades vinculadas a la minería ilegal, se llega casi siempre a un punto en común: el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Esta norma fue implementada como un incentivo del Estado para apoyar la formalización de pequeños mineros artesanales en 2016. Sin embargo, todo indica que no ha cumplido los objetivos planteados en su origen.
Según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) obtenidos por La República, hasta mayo de 2025, de las 83.637 inscripciones registradas a nivel nacional, solo el 23,8% continúa vigente. En regiones particularmente afectadas por el terror de grupos armados vinculados al oro ilegal, más de dos tercios de los mineros que iniciaron su proceso de formalización tienen en la actualidad sus trámites suspendidos.
Un caso crítico es el de la provincia de Pataz, en el que de las 3.222 inscripciones otorgadas, 2.146 han quedado inactivas. Y esto no queda ahí, ya que, tan solo el año pasado, aproximadamente 6.000 personas y empresas registradas en Reinfo no han reportado producción entre 2021 y la fecha, sin mayor control estatal.
Hablamos de más de la mitad de los mineros registrados que hoy están fuera del sistema de fiscalización del Estado peruano. Como resultado, los dividendos generados por la explotación de recursos naturales están fugando de las arcas públicas, lo cual deja tras de sí muerte, violencia y destrucción.
Para dimensionar el problema, Ojo Público afirma que, solo en 2023, la cantidad de oro declarada en Reinfo fue 500.000 veces mayor que la reportada oficialmente por el Minem.
Lejos de corregir el rumbo, el Congreso no solo ha promovido leyes que favorecen al mercado ilegal del oro —como la desregulación en el acceso a material explosivo—, sino que, además, amplió su vigencia en diciembre pasado hasta junio de este año. Todo esto ha ocurrido con la pasividad del Gobierno de Dina Boluarte y la complicidad de sus aliados en el Congreso, entre ellos Fuerza Popular, APP, Renovación Popular y Perú Libre.
Frente a estos datos, los peruanos deben estar alertas: una nueva ampliación sin una propuesta concreta por parte del Ejecutivo para evaluar y diagnosticar por qué una inmensa mayoría de los mineros inscritos en el Reinfo no han concluido su proceso de formalización podría promover un mayor deterioro del tejido social y la capacidad de control del Estado.
